La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite medidas cautelares a favor de líderes yaquis

Por Gloria Lecitia Díaz

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto garantizar la integridad de los líderes de la tribu yaqui opositores a la construcción del acueducto Independencia, impulsado por el gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés Elías.

De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el lunes 18 la CIDH emitió medidas cautelares a favor de tres líderes indígenas al considerar que el caso “reúne los requisitos de gravedad e irreparabilidad” para solicitar al Estado mexicano que “adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los líderes de la tribu yaqui”.

Desde 2010, los yaquis han emprendido una intensa batalla legal contra la construcción y operación del acueducto Independencia, ya que implica el trasvase de las aguas del río Yaqui para ser llevadas a Hermosillo.

Desde 1940, a través de un acuerdo de paz, el gobierno de Lázaro Cárdenas reconoció el territorio, gobierno y leyes internas de la tribu yaqui que incluyen el derecho a la explotación anual de mil 250 millones de metros cúbicos de agua de ese río.

El CEMDA informó en un comunicado que el organismo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) instruyó al gobierno de Peña Nieto a que garantice que los integrantes de la tribu yaqui “puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos sin ser objeto de actos de violencia y hostigamientos para el ejercicio de sus funciones”.

Al señalar que las medidas cautelares son extensivas para los abogados de los dirigentes indígenas y que tendrán que definirse en concordancia con ellos, la CIDH solicitó al gobierno federal que informe “sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados”, es decir, las irregularidades en la construcción y operación del acueducto Independencia, reportes que tendrán que ser enviados periódicamente al organismo.

El CEMDA recordó que en diciembre de 2013 solicitó las medidas cautelares a la CIDH a fin de que demandara al Estado mexicano que garantizara “la vida e integridad personal, la salud y la integridad cultural y territorial” de las comunidades yaquis de Vicam, Cócorit, Belem, Bácum y Potam, todas ubicadas en Sonora.

Desde julio del año pasado, la CIDH solicitó al gobierno de Peña Nieto información sobre los riesgos en que se encuentra la tribu yaqui ante la operación del acueducto Independencia, así como las medidas adoptadas para cumplir con la sentencia de amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 631/2012 que declara la ilegalidad de la obra, decreta la suspensión y la realización de una consulta previa, libre e informada.

CARAVANA nacional por el agua
Recibieron la buena noticia mientras lideraban la Caravana Nacional por el agua, el territorio, el trabajo y la vida, que durante 10 días recorrió 30 estados de México.

Al otorgamiento de medidas cautelares por parte de la CIDH se agrega un nuevo triunfo jurídico del grupo indígena, que el martes 12 obtuvo un amparo por parte del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Sonora por el que se confirma la ilegalidad del otorgamiento de los títulos de asignación emitidos por la Conagua a favor del gobierno de Padrés Elías.

Sobre las medidas cautelares, el CEMDA recordó que después de la sentencia de la SCJN, emitida el 8 de mayo de 2013, “se han incrementado las acciones de persecución y criminalización por parte del gobierno de Sonora en contra de los defensores de la tribu”.

Entre las medidas para acallar el movimiento indígena, destacó la organización, resalta la detención de los líderes Mario Luna y Fernando Gutiérrez el 11 de septiembre pasado, quienes fueron “acusados de delitos que no cometieron”.

Para Tomás Rojo, vocero de la tribu yaqui, “la resolución de la CIDH constituye una victoria fundamental (…) pues es el reconocimiento internacional por parte de una institución emblemática en la defensa de los derechos humanos” que legitima su lucha por el acceso al agua, y es un reconocimiento de que la vida e integridad de los dirigentes “se encuentran amenazadas por la persecución que ha emprendido y permitido” contra ellos el Estado mexicano.

Rojo acusó a los gobiernos de Padrés y Peña Nieto por perseguir a los líderes indígenas, el primero, y el segundo por “seguir permitiendo la operación ilegal del acueducto”, contrario a la sentencia de la Corte.

Noticia original en proceso.com.mx

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Ver también:  Caravana nacional encabezada por líderes de tribu yaqui culmina en Zócalo, 22/05/2015

11 a 22 de mayo | CARAVANA NACIONAL POR EL AGUA, EL TERRITORIO, EL TRABAJO Y LA VIDA

México enfrenta actualmente su mayor desafío como nación, en un escenario de crisis que abarca prácticamente todos los niveles de la vida nacional. En este panorama, el destino de los pueblos indígenas es centinela de un nuevo cuño para la abolición del bien público, para la privatización de todos los recursos estratégicos y la expoliación masiva de nuestros patrimonios bioculturales. Las recientes reformas a la Carta Magna y legislaciones secundarias, abren paso a la intervención desmesurada y sin condicionamientos jurisdiccionales al capital y las empresas trasnacionales.

caravana2015México enfrenta actualmente su mayor desafío como nación, en un escenario de crisis que abarca prácticamente todos los niveles de la vida nacional. En este panorama, el destino de los pueblos indígenas es centinela de un nuevo cuño para la abolición del bien público, para la privatización de todos los recursos estratégicos y la expoliación masiva de nuestros patrimonios bioculturales. Las recientes reformas a la Carta Magna y legislaciones secundarias, abren paso a la intervención desmesurada y sin condicionamientos jurisdiccionales al capital y las empresas trasnacionales, como ocurre con la controvertida reforma energética aprobada en diciembre de 2013, la Ley General de Aguas Nacionales, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley Minera y la Ley General de Asentamientos Humanos, además de las leyes del Servicio Público de Energía Eléctrica, de Energía Geotérmica, Hacendaria, de Inversión Extranjera, de Amparo, de Expropiación, de Bienes Nacionales, Laboral, de Órganos Reguladores en Materia Energética, de Asociaciones Público y Privadas; así como de la nueva Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente, que junto con otras reformas, como la de Educación y la de Telecomunicaciones, han sido presentadas y aprobadas sin la participación de los pueblos indígenas ni de la ciudadanía.

Además de la negativa a reconocer el derecho de los pueblos indígenas a sus territorios y los recursos naturales en ellos existentes, el Estado mexicano ha instrumentado una serie de procedimientos o rutas para permitir que se despoje a los pueblos de sus tierras e impedirles el acceso a recursos estratégicos. Las reformas neoliberales impiden el reconocimiento de la territorialidad indígena, puesto que permiten que las tierras en propiedad social (ejidos y comunidades) puedan convertirse en mercancías y circular libremente en el mercado. Los arreglos mercantiles se convierten en nuevas rutas jurídicas para el despojo, como sucede con el arrendamiento de la propiedad social, que ahora recibe el eufemismo de “contrato de asociación o aprovechamiento” y “ocupación temporal”. La condición secular de pobreza y discriminación de las comunidades indígenas las vulnera aún más con la nueva generación de reformas legislativas.

Los pueblos indígenas de México enfrentan actualmente la amenaza de perder el control de sus territorios históricos a causa de la gestión indiscriminada de diversos megaproyectos de infraestructura y la concesión a empresas trasnacionales para la extracción masiva de recursos naturales, incluso los estratégicos para la nación, a partir de  las reformas legislativas impulsadas por los últimos gobiernos. El despojo de aguas, selvas, bosques, minerales, fauna, flora y recursos energéticos, conlleva el saqueo de conocimientos, acervos y técnicas que son patrimonio de las culturas étnicas tradicionales,  perpetrando así un nuevo tipo de colonialismo autoritario interno donde predominan la violación sistemática de derechos humanos, la corrupción y la impunidad. Las amenazas de despojo territorial por minas, presas, hidroeléctricas, termoeléctricas, monocultivos, transgénicos, acueductos, desarrollos turísticos, acueductos y gasoductos, parques eólicos, fracturación hidráulica, expolio forestal.

Las consecuencias son numerosas y heterogéneas: despojos territoriales, contaminación de suelos, aires y aguas, merma de la biodiversidad, desplazamiento productivo, pérdida de la soberanía nacional y la seguridad alimentaria, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, presos políticos, migración, precariedad laboral, corrupción, impunidad, criminalización de la resistencia, contubernio empresarial-político y del narcotráfico, que caracterizan el desvío de poder para convertirlo en terrorismo de estado. Asistimos al desmantelamiento del orden constitucional basado en el derecho y el interés públicos, perdiendo el carácter del bien común como razón de estado, para ceder la soberanía a la propiedad privada y  el libre mercado.

La suscripción de México a convenios y tratados internacionales ha tenido gran influencia en el proceso de articulación de las movilizaciones y reivindicaciones políticas de los pueblos, como de la sociedad civil, sobre el reconocimiento de sus derechos colectivos específicos, en un sistema jurídico que los enuncia en lo general, pero escatima  su implementación para garantizar una mayor participación de las comunidades y organizaciones de base de los pueblos en su construcción. No obstante, en el mejor de los casos, las autoridades gubernamentales solamente simulan cumplir con los convenios firmados, sin considerar el efectivo derecho a la consulta y al rechazo de los proyectos. Tampoco se han distinguido por el respeto a los derechos humanos, estando México entre los principales países del continente con denuncias ante la CIDH, siendo la más reciente la MC 409/14, “Estudiantes de la Escuela Rural ‘Raúl Isidro Burgos’” de Ayotzinapa en Guerrero.

En años recientes, la resistencia de los pueblos indígenas del país ha avanzado  significativamente. En algunas regiones de México se han implementado acciones no convencionales encaminadas a la búsqueda de bienestar y calidad de vida desde las propias comunidades, en ámbitos heterogéneos como la producción, el consumo, la mercantilización, la construcción, salud, medio ambiente, rescate de saberes tradicionales, alimentación, nutrición, culinaria, etcétera. Hay preocupación por “la ola de reformas estructurales capitalistas que están poniendo en peligro la existencia de nuestra nación, despojándonos de nuestro propio territorio y poniendo en riesgo la vida misma con los llamados megaproyectos, la militarización, la inseguridad y la privatización de los bienes comunes”, como señaló Tomás Rojo, vocero de la tribu yaqui, quienes convocan a una Caravana Nacional del 11 al 22 de mayo.

En esta propuesta también intervienen decenas de pueblos originarios, organizaciones campesinas y urbanas, no partidistas, afectados ambientales, usuarios del agua y la energía eléctrica, sindicatos, universidades, maestros, jóvenes, ecologistas, comunidades eclesiales de base y organismos de derechos humanos. Sus objetivos son: “Visibilizar las múltiples crisis del agua, el territorio, el trabajo y la vida que se están profundizando en todo México. Fortalecer y articular las luchas de resistencia popular en contra del modelo neoliberal y sus reformas estructurales, haciendo frente a la creciente criminalización y represión de la protesta social en nuestro país. Y abrir un proceso nacional de organización y articulación en torno a la defensa del agua, su reapropiación por parte de la población y contra la propuesta de ley privatizadora del mal gobierno” (Proceso 28 de abril, 2015).

El 11 y 13 mayo partirán tres caravanas, una desde Vícam, en Cajeme, Sonora, y otra desde Pijijiapan, Chiapas, y una más de Piedras Negras, Coahuila, hacia la Ciudad de México. Serán 11 días de jornadas a lo largo de las rutas; además, eventos simultáneos se realizarán en otros estados, con acciones, asambleas, foros y conferencias de prensa. Así, “expondremos las innumerables luchas que están creciendo frente a la imposición corrupta y violenta de trasvases por medio de acueductos, minería tóxica, fracking, presas, eólicos, gasoductos, termoeléctricas, devastación de los bosques, urbanización salvaje, autopistas, privatización de la energía y los sistemas de agua, contaminación agroquímica e industrial, la destrucción de nuestras semillas originales por los transgénicos y la sobreexplotación de los trabajadores mexicanos”, explica Rojo, quien subraya que los recursos naturales están muy ligados a su cultura y costumbres” (Ibíd).

La Caravana busca abrir un Proceso Nacional de confluencias a corto, mediano y largo plazo, que siga hasta lograr:

• La cancelación de todos los megaproyectos que afectan la vida, el agua, la tierra y el aire en nuestro país y donde el pueblo se está levantando a defender sus derechos.
• La presentación con vida de nuestros 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y el castigo para los responsables de esta desaparición forzada del Estado.
• Justicia para nuestras compañeras y compañeros asesinados por defender la libertad, la justicia y la vida.
• Libertad inmediata para los defensores del agua de la Tribu Yaqui Mario Luna y Fernando Jiménez y en general para todas y todos los presos políticos del país.
• Fin a la militarización del país, cese a la represión, alto al hostigamiento y ataque a las Bases de Apoyo Zapatistas.
• Conseguir la cancelación de las reformas estructurales.
• No permitir la imposición de la Ley General de Agua de CONAGUA y luchar por una nueva ley que revierta su privatización y siente las bases para un buen
gobierno del agua desde los pueblos y la ciudadanía.
• Recuperar nuestra soberanía alimentaria y energética.
• Recuperar los derechos de los trabajadores.
• La construcción de una alternativa de buen gobierno que garantice la libertad, la democracia y la justicia para el pueblo de México.

Llamamos a todas y todos los que resisten al neoliberalismo a participar en este esfuerzo de acción unitaria sin más requisito que el respeto mutuo, la cooperación fraterna y el ánimo sincero de avanzar en la unidad de la lucha popular en nuestro país. Las tres Caravanas recorrerán más de 75 localidades y ciudades de 23 Estados de la República.

Convocan

La Tribu Yaqui.
Agua Para Tod@s Región Occidente, Agua para todos agua para la vida, Alianza Cívica Chiapas, Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social (Jornaleros Agrícolas de San Quintin), Alianza de Tranviarios de México (ATM), Alianza Mexicana Contra el Fracking. Alianza Única del Valle (Estado de México), Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y del Territorio (APIITDTT; Oaxaca), Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental (LAVIDA), Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo A.C. (ANEC), Asociación Promotora Nacional Para el Desarrollo Social y Urbano (APENDRU), Central Unitario de Trabajadores de México (CUT), Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, Centro Integral de Mujeres JosefaOrtiz de Domínguez APNDRU, Chiapanecos en Defensa del Agua, Ciudadan@s en defensa del Agua San Cristobal, Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), Coalición Mexicana de Organizaciones por el Derecho al Agua – COMDA, Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos (CEPAZDH), Colectivo el Zenzontle, Comité de Lucha de la UAM Xochimilco, Comité en Defensa del Sistema de Agua Potable de Santa María Ozumbilla Edo. México, Confederación de Jubilados, pensionados de Adultos Mayores de la República Mexicana, Congreso Popular Social y Ciudadano D.F. (CPSyC-DF), Congreso Social, Consejo Autónomo Regional de la Costa de Chiapas, Consejo Ciudadano de Pueblos y Barrios Originarios de Xochimilco, Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOB-La Parota), Consejo Indígena Náyeri, Consejo Intercomunitario del Río San Pedro Nuiwari A.C., Consejo Supremo Indígena Xochicuautla, Coordinación de Asambleas de los Pedregales de Coyoacán. Coordinación de Pueblos Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, Coordinadora de Lucha Indígena y Popular (CLIP),Coordinadora de Madres, Padres y Tutores de Familia en Defensa de la Nación, Coordinadora de organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (COCIHP), Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CENTE), Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CMPA), Coordinadora Nacional Plan de Ayala Región Occidente, Coordinadora Tabasco Agua Para Todos Agua para la Vida, Desarrollo Sustentable del Cutzamala A.C. Encuentro Internacional de Resistencia, Frente Autónomo de Xochimilco, Frente Ciudadano en Defensa de la Vida de Baja California Sur (FRECIUDAU), Frente de Organizaciones Sociales Independientes de Chiapas (FOSICH), Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Pueblas (Fosyppue),Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA-RED), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala, Frente Mazahua, Frente Popular de la Ciudad de México (FPCM), Frente Popular Francisco Villa Siglo XXI (FPFV-SXXI), Frente Unidos Todos Contra Grupo México (Río Sonora), Greenpeace México (Sonora, Jalisco, D.F.), Grupo Politécnico para el Desarrollo de Tecnologías para la Vida, Instituto de derecho Ambiental, Jornaleros de Hermosillo Pobladores de Miguel Alemán, Luz y Fuerza del Pueblo (Chiapas), Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ, Oaxaca), Movimiento Amplio de Resistencia Civil (MARC, Chihuahua), Movimiento Amplio de Resistencia Civil-Homero (MARC-Homero, Chihuahua), Movimiento Ciudadano en Defensa del Medio Ambiente de Morelos – APNDRU, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Movimiento Morelense contra las Concesiones Mineras por Metales Preciosos, Nueva Central de Trabajadores (NCT), Organización Nacional del Poder Popular (ONPP), Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT), Organización Tlacaelel (DF), Pueblo Guarijio de Sonora, Pueblo Indígena Otomí San Francisco Magú, Pueblos de Ayala en defensa del agua (Morelos), Red Anáhuac en defensa de los Bienes Comunes, Red de Acción por el Agua FAN México, Red de Pueblos de Ayala, Red Nacional de Resistencia Civil, Resistencia Civil de Candelaria, Campeche, Resistencia Civil Indígena y Popular del Sur de Veracruz Contra las Altas Tarifas de Luz, San Bartolo Ameyalco, San Lorenzo Hutzizilapan, Lerma Edo. Mex, Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (SUTIEMS), Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS), Sindicato De Trabajadores De Transporte De Pasajeros Del Distrito Federal (STTPDF), Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM), Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Sistema de Agua Potable Tecámac, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI; Oaxaca), Unión de Organizaciones del Pueblo de Chiapas – APNDRU, Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Unión General Obrera Campesina y Popular – Chiapas (UGOCP-Chiapas), Unión Popular Valle Gómez, Universitarios en Resistencia de la UACM.

Ver noticia en Telesur: https://www.youtube.com/watch?v=elPhkrhYsjk
Ver rutas en: http://caravanaporlavidamx.blogspot.mx/p/rutas.html

Ver también:

Convocatoria a la Caravana “Por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida” (caravanaporlavidamx.blogspot.mx) Enlace permanente.

Anuncia tribu Yaqui caravana en defensa del agua (rueda de prensa, en milenio.com)

Harán yaquis caravana nacional en defensa del agua y el territorio (proceso.com.mex)

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